La pandemia de la corona tiene numerosos efectos negativos en la economía cubana. Sin embargo, los sectores privado y cooperativo se caracterizan ahora por la diversidad y la especialización.
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La emergencia de salud derivada del Covid-19 tiene implicaciones económicas para todos los países, pero su impacto no es simétrico. Aunque es una característica típica de países en desarrollo, la economía cubana es muy sensible a la disponibilidad de divisas, de la que dependen las importaciones. Las compras externas son claves para sostener el consumo y la producción. Una crisis de estas proporciones solo puede empeorar el ya precario estado de la balanza de pagos de la isla.
El golpe será contundente. El Fondo Monetario Internacional (FMI) predice una caída de 6,1% del PIB en las economías desarrolladas. La Organización Mundial de Comercio (OMS) anticipa un retroceso del intercambio comercial de hasta un tercio. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica un descenso de 5,6% en la producción de la región. Estos guarismos son mucho peores que en la recesión de 2009. En los niveles sectoriales, el turismo y la aviación se cuentan entre los más afectados. La Organización Mundial del Turismo (OMT) anticipa un severo desplome de los viajes. De momento, la Unión Europea planea mantener las fronteras comunitarias cerradas hasta septiembre. Las economías más dependientes del sector recibirán un impacto superior, entre las que se incluyen el Caribe y, por supuesto, Cuba.
El impacto económico
La actividad productiva de la isla se venía desacelerando notablemente desde 2016. El crecimiento económico se redujo a la mitad entre 2016 y 2019, comparado con el periodo 2010-2015. En ello intervinieron factores tales como la crisis económica en Venezuela, la cancelación de contratos para prestación de servicios médicos (Brasil), el fin de la bonanza en el turismo internacional, el efecto de nuevas sanciones de Estados Unidos y las contradicciones de la reforma económica interna. La ponderación de uno u otro factor continúa siendo un tema de amplio debate en el país. Para el ciudadano medio, el síntoma más claro de los problemas económicos es la creciente escasez de productos de todo tipo, que incluye artículos de primera necesidad como alimentos, medicinas y combustible. Estos efectos se dejaron sentir ya desde diciembre de 2018. Las autoridades habían introducido medidas de ahorro de energía tan temprano como en el verano de 2016.
Entre los principales socios comerciales de Cuba, solo China tiene una predicción de crecimiento positivo para 2020, y es de 1,2%. Venezuela y España (primero y cuarto socios comerciales) se encuentran entre los más afectados. En el caso de Venezuela, con el efecto añadido del colapso de los precios del petróleo. La propia Cepal estima una contracción de 3,7% del PIB cubano, una cifra que con toda seguridad será revisada a la baja a mediados de año. El escenario es muy complejo, aunque es improbable un retorno al tristemente célebre Periodo Especial de principios de los años 90. El tejido productivo es más diversificado, la economía está más integrada al resto del mundo y los hogares no son tan dependientes del Estado para la satisfacción de sus necesidades vitales. De hecho, una parte muy significativa de sus ingresos provienen de remesas, visitantes extranjeros o negocios internacionales. La isla es más resiliente, pero sus habitantes son menos tolerantes a estrecheces materiales.
El impacto llega por múltiples canales. La contracción económica en los principales centros económicos tira hacia abajo la demanda externa. Un aspecto singular de la estructura económica cubana es que más de las dos terceras partes de las exportaciones se vinculan directamente a la salud y las personas (servicios médicos, medicamentos, turismo). Las ventas de níquel pueden verse gravemente afectadas a partir del hundimiento de las inversiones y la construcción. El metal y el azúcar ya venían sufriendo bajas cotizaciones, que pueden deprimirse aún más. A primera vista, el abaratamiento del petróleo luce como una buena noticia para un importador neto como Cuba, pero un análisis más atento relativiza esa apreciación. Varios de sus socios más cercanos, como Venezuela, Angola, Argelia, Qatar o Rusia, se verán severamente afectados, lo que puede rebotar en contra del comercio y el crédito.
En este escenario, los medicamentos tendrían una mejor perspectiva. La gran incógnita son los servicios médicos, ya que no están claras las condiciones para que Cuba logre «monetizar» esta emergencia sanitaria. El modelo de venta de servicios de salud basado en el envío de profesionales despegó a partir de 2005 en el mercado venezolano. Desde sus inicios, se ha basado en acuerdos intergubernamentales, en muchos casos favorecidos por la sintonía política entre los gobiernos. En años recientes, ha sido objeto de diferentes críticas, aunque no todas tienen las mismas motivaciones. Existen líneas ideológicas reconocibles en la procedencia de esas detracciones, además de que tienen como objetivo una de las principales fuentes de ingreso del país.
El punto más álgido es la forma de pago a los profesionales. Las retenciones más comunes suponen que más de la mitad del pago total es transferido al Estado cubano. Un análisis del asunto requiere un abordaje integral de las condiciones de prestación del servicio, y el hecho de que la financiación de los estudios superiores corre a cargo del presupuesto central, es decir, los paga toda la sociedad. Los países con Estados de Bienestar más avanzados tienden a tener impuestos a los salarios relativamente altos, que en países como Alemania pueden llegar a 50%. Por el hecho de que Cuba parece tener una ventaja competitiva en la prestación de servicios médicos, la sostenibilidad de ese modelo debería ser una cuestión de máxima importancia, y ello pasa por la disponibilidad y motivación del personal. Si la epidemia de Covid-19 induce un incremento a largo plazo del gasto sanitario, en un contexto de escasez de personal de salud, Cuba podría encontrar un nicho de mercado. En todo caso, la penetración de mercados más lucrativos y estables exigirá la readecuación del modelo de negocios, incluyendo los requisitos de contratación de los profesionales.
El turismo es una actividad fundamental para la isla. Y lo es también para muchos hogares y pequeños negocios. La prolongación del cierre de fronteras es una gran amenaza, como lo pueden ser cambios permanentes en los hábitos de viaje. Cada mes de cierre representa una pérdida de unos 140 millones de dólares. Hasta febrero, ya el arribo de visitantes mostraba una clara tendencia a la baja. Por otro lado, aunque la inversión extranjera no exhibía el avance esperado y las sanciones de Estados Unidos habían aumentado el riesgo asociado a esta actividad, el deterioro de las condiciones financieras internacionales supone un nuevo tropiezo. Cabe esperar que las autoridades cubanas busquen alivio adicional en sus acreedores. Antes de la epidemia, Cuba había negociado una posposición del pago de una parte de su compromiso de 2019 relacionado con el Club de París.
Tradicionalmente se ha considerado que los emigrados cubanos son muy fieles a sus familias, pero el desempleo masivo en Estados Unidos, donde vive la inmensa mayoría de esa diáspora, tendrá un impacto indiscutible. Por ejemplo, The Havana Consulting Group calcula caídas de entre 20-30% en los flujos. Los canales informales están, de momento, cancelados. Un efecto colateral es que el fortalecimiento de las vías formales va a canalizar recursos adicionales hacia el sistema financiero de la isla.
Hacia una nueva etapa en la política económica
Cuba llega a esta fase recesiva mundial con grandes vulnerabilidades que no pudieron resolverse en esta última década de reformas y se han agravado por las medidas de presión de la Casa Blanca. Las autoridades deberían evitar el error de confundir la revalorización de lo público y la efectividad de un manejo centralizado, a todas luces imprescindible en estas circunstancias, con la reforma necesaria e impostergable del modelo económico cubano.
El paquete de respuesta debe observar la situación de partida de los hogares, que es muy diferente del panorama de hace tres décadas. La estratificación social ha crecido, por lo que no todos van a verse afectados de la misma manera. Según expertos, 16% de los hogares cubanos tendría problemas para satisfacer algunas necesidades básicas. En este contexto se requiere la combinación de medidas universales junto con otras focalizadas en los grupos de riesgo. La capacidad de implementar paquetes de estímulo fiscal o monetario es muy limitada. El déficit en las cuentas públicas se ha disparado y la liquidez monetaria en manos de la población ha crecido 10 puntos porcentuales desde 2013, un síntoma claro de inflación reprimida. En estas circunstancias, se proponen aspectos a tener en cuenta para un programa mínimo que permita simultáneamente lidiar con la emergencia y rescatar la reforma económica.
Si la enorme inversión hotelera no estaba en correspondencia con niveles de ocupación lineal decrecientes, en las actuales condiciones solo cabe un replanteamiento a fondo de su ritmo y magnitud. El turismo será en cualquier caso un sector clave en la recuperación, pero la sobredependencia de una actividad ha probado ser nefasta en demasiadas ocasiones. Esta puede ser una oportunidad para repensar las bases sectoriales de la estructura productiva en los próximos años. ¿Cómo se posiciona el país si tienen lugar cambios permanentes en los patrones de viaje?
El contexto actual brinda una oportunidad insospechada para la reforma monetaria y cambiaria. La disminución brusca de la actividad económica y el aumento del racionamiento facilitarían la introducción de los cambios necesarios. En el plano político, cualquier efecto adverso no sería más grave que los derivados de los tropiezos del comercio minorista y la escasez generalizada. La gran lección es que mañana puede ser demasiado tarde: luego de décadas posponiendo el tránsito hacia un esquema monetario más sensato, las condiciones solo han empeorado.
Más allá de ayudas puntuales, las autoridades deben concebir un esquema universal de protección del ingreso y el consumo de las familias que incluya incentivos para la formalización y abarque los distintos grupos vulnerables: trabajadores y trabajadoras de sectores cuyo nivel de actividad disminuye bruscamente y donde el teletrabajo no es posible (servicios, manufactura no esencial); personas mayores de 60 años −más de 20% de la de la población cubana está en esta categoría−, de las que 343.000 viven solas; empleo informal y trabajadores contratados en el sector privado. Asimismo, el teletrabajo es una opción limitada no solo por la estructura de las ocupaciones, sino por el retraso de la infraestructura de comunicaciones. Se pueden ensayar esquemas con el sistema bancario para aminorar el impacto en el presupuesto. La ampliación del racionamiento es inevitable en el corto plazo y sirve al objetivo de extender cierta protección a aquellos que no califican para apoyo monetario directo. A su vez, una lista limitada de productos protege las finanzas públicas y permite mantener circuitos de aprovisionamiento que viabilicen la actividad empresarial, pública y privada. La distorsión más evidente es que el modelo de protección social ha permanecido anclado en un pasado de igualdad de ingresos que no se reproducirá en el futuro mediato.
En estos momentos, la economía necesita máxima flexibilidad para facilitar la recuperación del empleo. Desde 2010, dejando a un lado el ámbito informal, el sector privado ha sido el mayor generador de puestos de trabajo, y sus contribuciones al presupuesto se han multiplicado por cuatro. Pero el «cuentapropismo» enfrenta desafíos en muchos frentes. Por un lado, el marco regulatorio sigue siendo altamente restrictivo, incluso contradictorio respecto a los propios objetivos declarados en la reforma. Por ejemplo, en un país urgido de llevar adelante una reestructuración profunda de las empresas estatales, el código impositivo penaliza a los negocios que contratan más cantidad de de empleados. Las categorías aprobadas para el sector tienen poco que ver con el perfil educacional de la fuerza de trabajo. Cuba reconoce la inversión educativa como uno de sus mayores logros. La ausencia de un debate profundo sobre el tema y la limitada resonancia de los espacios donde sí tiene lugar alimentan percepciones estereotipadas y poco informadas sobre su papel en la economía y sobre todo el futuro económico de la nación.
Cualquier intento de revitalización debe considerar aquellas debilidades junto con otras propias de la coyuntura actual. Un problema inmediato es el acceso a insumos, lo que se podría intentar resolver ampliando la lista de productos que se expenden denominados en moneda extranjera. Ya este paso se había tomado con anterioridad, la novedad sería propiciar la utilización de las divisas en la inversión y creación de empleo. Para ello es importante disipar la incertidumbre sobre el futuro de los negocios. Se podría explorar el adelanto de algunas normas jurídicas del calendario legislativo que están directamente vinculadas a la actividad productiva, como la Ley de Empresas, Asociaciones y Sociedades Mercantiles, cuya aprobación está prevista recién para 2022. La carencia más notoria del enfoque hacia el sector es que no se ha logrado consagrar su integración orgánica al sistema productivo y social, a pesar de incontables discursos que reclaman desterrar los estereotipos. En ese marco, el país está llamado a seguir confrontando crecientes perturbaciones.
Las oportunidad de la pandemia
La pandemia deja lecciones claras respecto a la necesidad de acelerar el despliegue de redes confiables y servicios en línea. Muchos negocios privados, formales e informales, se dedican a la programación y la creación de servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC), mientras que demasiados profesionales y técnicos abandonan la isla. Esta puede ser una oportunidad para consensuar una agenda conjunta para fortalecer la infraestructura y los servicios conexos, incluyendo las plataformas para las compras en línea, cuyo lanzamiento se ha caracterizado por la inestabilidad y el mal servicio. La asociación puede extenderse a los servicios de entrega, donde ya funcionan varios emprendimientos. La atención al cliente es otra de las áreas en las que se podrían idear esquemas de asociación, mediante la gestión de centros de llamadas (call centers).
En sintonía con lo anterior, sería conveniente regular los precios y la distribución de productos agropecuarios mediante comités conjuntos entre las autoridades y el sector privado y cooperativo. El objetivo debe ser maximizar la producción y garantizar la llegada de las producciones a los consumidores. Los controles desactualizados de precios y su aplicación divorciada de las condiciones reales han empeorado la escasez. Esto se podría combinar con un nuevo enfoque hacia la propiedad y administración de la tierra, lo que se ha pospuesto innecesariamente debido a rezagos ideopolíticos. Cuba ha vuelto una y otra vez sobre el tema agropecuario, dos veces desde 1990, sin conseguir el objetivo declarado de aumentar apreciablemente el nivel de autosuficiencia. Parece claro que el enfoque actual no está dando resultados, los problemas son serios y van más allá de la producción. En este ámbito también se podría considerar la aprobación de normas jurídicas incluidas en el calendario legislativo, como la Ley de Tierras y el modelo de gestión del sector agropecuario, comercialización de insumos, equipamientos y servicios agropecuarios (consideradas solo para 2022).
El cierre de fronteras también afecta severamente la importación individual de mercancías, uno de los canales de suministros usados por muchos emprendimientos. Panamá, México, Guyana, Estados Unidos, Haití y Rusia eran destinos muy populares para productos cubanos. Se ha estimado que las compras totales se situaban entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. Solamente en la Zona Libre de Colón, en Panamá, se hicieron encargos valorados en varios cientos de millones de dólares. Desde la flexibilización de la ley migratoria, los viajes de cubanos al extranjero se han más que duplicado. Una vez que se comience a normalizar el tráfico aéreo, se podría considerar flexibilizar los límites establecidos para la importación de mercancías, para suavizar la escasez y habilitar otro canal de suministro al sector privado.
Cuba tiene ante sí un dilema. O se encierra en sí misma y termina de sepultar la agenda de cambio que tanto entusiasmo despertó a inicios de la década pasada, o se reconcilia con un entramado social heterogéneo que le permita desatar el potencial de un pueblo emprendedor y sacrificado. Se puede administrar otra crisis o relanzar las transformaciones hacia un modelo de progreso social y prosperidad.
A diferencia de los oscuros momentos de la década de 1990, el sector privado y cooperativo conjugan volumen y sofisticación. Sus redes externas son más densas y diversas. Cuba hace mucho que es más que restaurantes y bellas playas, casas de renta y buena música. Sería lamentable equiparar el manejo de la pandemia con el programa económico que necesita el país para dar contenido a las promesas de bienestar y desarrollo. De momento, hay señales en uno u otro sentido. Las redes sociales, que se han convertido en un espejo de la realidad nacional, transpiran igualmente optimismo y desesperanza. El gobierno cubano no es responsable de la pandemia, pero todo lo que dejó de hacer o se hizo a medias incide en las condiciones en que llega a este complejo escenario. Circunstancias excepcionales pueden servir para forjar los consensos necesarios. El rompecabezas hay que leerlo en clave política.
Ricardo Torres es doctor en economía por la Universidad de La Habana. Es profesor asistente e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
