En el caso de El Salvador, Corona reveló las debilidades estructurales de los sectores económico y social y mostró hasta qué punto es un país marcado por la desigualdad y donde más de un tercio de la población se ve afectada por la pobreza multidimensional.
imagen: © Jessica Ávalos, Revista Factum desde © Jessica Ávalos, Revista Factum, März 2020 Mujeres salvadoreñas haciendo cola frente al Ministerio de Economía (CENADE)
En términos socioeconomicos, ¿cómo estaba El Salvador previo al COVID-19?
Quizás para poner en contexto, El Salvador es un país de América Central, somos uno de los países más densamente poblados de América Latina, somos alrededor de 7 millones de habitantes y alrededor de 2.5 millones de salvadoreños fuera del país. Este dato lo traigo a colación, porque es importante tener en consideración que desde la década de los noventas hasta el presente, el principal patrón de acumulación y el principal elemento que garantiza la sostenibilidad macroeconómica y financiera del país está sustentado en la migración de salvadoreños hacia el exterior y, el posterior envío de remesas familiares. Esta es la principal fuente de divisas de la economía salvadoreña, El Salvador se caracteriza porque el principal rubro de exportación es la exportación de su recurso más valioso que es su población, en condiciones mundiales en las que la migración internacional no documentada es penalizada y se está manejando con criterios de securitización y de criminalización de los migrantes. De antemano vemos que esto pone en evidencia que el país tiene una fuente externa que le provee recursos de alrededor el 18% del producto interno bruto (PIB) que proviene de las remesas familiares y, esto de alguna manera pone en evidencia esta vulnerabilidad.
Por otra parte, la economía salvadoreña es una economía que desde la década de los 80s hasta el presente transitó a ser una economía más urbana, más dependiente del comercio y de los servicios, producto de la apertura comercial que se vio en los noventas. Somos una economía más de consumo, más de comercio y servicios, y hemos perdido capacidades productivas e importamos más del 60% de los alimentos que consumimos, los cuales provienen de nuestros vecinos fundamentalmente. Hemos suscrito tratados de libre comercio que han puesto en evidencia la fragilidad económica en términos de producir bienes y servicios y nos hemos convertido fundamentalmente un país importador; esto viéndolo de una perspectiva macroeconómica. Desde una perspectiva fiscal, sigo con la parte macro, somos un país que está altamente endeudado con respecto al PIB, aproximadamente tenemos un poco menos del 68% de deuda pública con respecto al producto interno bruto, esto de alguna manera y si le agregamos que es una nación que está dolarizada desde el año 2001, en términos de herramientas de políticas económicas particularmente en una situación de crisis, nos hace vernos más atados. Tenemos menos herramientas y menos mecanismos porque no tenemos la capacidad de hacer uso de la política monetaria y sólo podemos hacer uso de la política fiscal, y si traemos en consideración el elemento que acabo de mencionar, que estamos altamente endeudados, prácticamente tenemos una mano amarrada y la otra de alguna manera que está bastante limitada por el alto nivel de endeudamiento.
Entonces esto pone en perspectiva esas fragilidades económicas de la economía salvadoreña: es una economía que crece a tasas muy bajas (menos del 2% del producto interno bruto), además, a nivel social tenemos mucha fragilidad particularmente en lo socioeconómico, hay una serie de problemas como alrededor del 30% de la población, medida a partir de los ingresos, viven en condiciones bajo de la línea de pobreza, el 35% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, con muchas carencias en las condiciones de su vivienda, del acceso a servicios básicos, con altos problemas de inseguridad, con problemas de seguridad alimentaria, con servicios de salud fragmentados, es decir, tenemos alrededor de 4 fuentes a nivel institucional que proveen los servicios de salud (el Ministerio de Salud, el seguro social, bienestar magisterial para los docentes y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) y hace falta una política que de alguna manera articule y coordine de mejor manera la administración de la salud, donde hemos avanzado en lo que es el acceso a la cobertura en la salud, pero hace falta mejorar el equipamiento en medicamentos, de tecnología y de condiciones para el personal médico del país. Esa es la situación del país antes del COVID-19, de alguna manera tratando de hacer un resumen muy rápido de la situación de El Salvador antes de la emergencia o de la incidencia de la pandemia.
A partir de ese contexto, ¿qué revela el COVID-19?
Voy a parafrasear a un economista francés muy connotado y que ha ganado relevancia recientemente, Thomas Piketty. En una entrevista que dio recientemente en medios televisivos franceses decía lo siguiente: el COVID-19 es un árbol ancho que nos quita la visibilidad, que nos está tapando la existencia de un bosque o de una selva, pero en la medida que nos aproximamos al árbol vemos que no solo es ese árbol sino que nos pone en evidencia la existencia de un bosque o una selva. ¿Qué quiero decir con esto? que detrás del COVID-19 nos pone en evidencia esta situación de crisis y pone de alguna manera en perspectiva la fragilidad y las debilidades estructurales a nivel económico y social que tiene El Salvador. Es decir, ningún país estaba preparado para la existencia de la pandemia pero con la emergencia que estamos viviendo a nivel sanitario nos pone en perspectiva particularmente las fragilidades sociales y económicas que tenemos y ¿qué nos está revelando? por una parte, en primer lugar lo que decía recientemente, servicios de salud fragmentados: el gasto de salud en El Salvador es comparativamente uno de los más bajos de América Latina si lo comparamos particularmente con respecto al PIB y lo comparamos con Costa Rica por ejemplo, es significativamente inferior.
Por otra parte, si analizamos el presupuesto general del Estado del año 2020 que está en vigencia, hubo serios recortes a lo que es la inversión pública en salud, entonces ahí vemos algunos elementos que de alguna manera reducen la capacidad de atención a la crisis, tenemos falta de equipamiento de medicinas y de médicos especializados, pero por otra parte tenemos una gran cantidad de mano de obra especializada y formada en salud que no está empleada, es decir, hay una serie de necesidades que tiene la población pero ante la poca disponibilidad de recursos del Estado por tener una capacidad fiscal tan débil, no nos permite atender toda la serie de problemas estructurales que tiene El Salvador en materia de salud pública, pero también los problemas emergentes que tiene el país.
¿Qué otro elemento nos revela el COVID-19? bueno por otra parte nos pone en evidencia las amplias desigualdades de carácter social y económico que existen en el país. Actualmente en muchos países, y El Salvador no es la excepción, estamos atravesando como una medida de política pública la cuarentena domiciliar pero la pregunta es cómo administrar la cuarentena domiciliaria en un país donde más del 45% de la población económicamente activa labora y obtiene sus ingresos y sus fuentes de sustentación a partir del sector informal, o sea no son personas que reciben ingresos a partir de un salario de un empleo formal y decente sino que tienen que trabajar ya sea o más horas al día para garantizar sus ingresos o desarrollan un trabajo que no les permite obtener un ingreso permanente y que permita garantizar sus necesidades básicas.
Por otra parte, tenemos las disparidades a nivel laboral particularmente entre hombres y mujeres, las encuestas de hogares de propósitos múltiples develan que por ejemplo hombres y mujeres con igual preparación e igual y buen nivel de experiencia, las mujeres ganan un 70% menos y tienen que atender labores de cuido y labores reproductivas además de la atención de los niños particularmente en el caso de su educación en este contexto de la pandemia.
Por otra parte, el COVID-19 nos está revelando que las políticas públicas en El Salvador requieren de un asidero, requieren de una base de planificación. Y ¿esto qué significa? desde la impronta neoliberal de 1989 se limitó la capacidad de planificación del Estado como una instancia que articule y coordine el proceso de desarrollo económico y social del país, sin embargo, en plena era neoliberal se fue de alguna manera reconstruyendo la capacidad de planificación de manera muy limitada, pero a partir de las Secretarías Técnicas de la presidencia. En las administraciones anteriores en El Salvador, la Secretaria Técnica y Planificación de la Presidencia, tuvo un papel clave en la coordinación de la política social, particularmente políticas que eran más de carácter asistencial en la era neoliberal y se avanzó hacia una normativa de desarrollo social y protección social bajo una perspectiva de derecho, orientada a nivel jurídico pero con una gran brechaen el cumplimiento, para poder garantizar de manera universal los derechos de la población en materia social. Sin embargo, con esta nueva administración que inició en junio del 2019, se desmonta la Secretaría Técnica pero ahí, creo que socialmente y como Estado, perdimos bastante en términos de que había una serie de capacidad humana y técnica, y también información estadística de todos los programas sociales y una capacidad diagnóstica para atender los problemas sociales y económicos del país. Esa capacidad técnica la necesitamos ahora para atender la emergencia, por ejemplo cómo focalizar y cómo orientar un programa social por ejemplo de atención a todas las familias más vulnerables de El Salvador, hoy por hoy no tenemos esa información, necesitamos actualizar esa información, necesitamos tener personas laborando en el gobierno de El Salvador que tengan la capacidad de identificar y de planificar los mecanismos de atención social lo más eficientemente posible, basados en la transparencia pero también con una gran capacidad técnica para que la focalización de esos recursos lleguen a las personas que más necesidad tienen, es decir, trabajadores rurales, personas que laboran en el sector informal, discapacitados, jóvenes que están en la categoría de que no tienen trabajo ni están estudiando. Pero eso solo se puede garantizar y lograr sobre la base de desarrollar políticas públicas basadas en evidencias y con información actualizada y construida de manera transparente.
¿Cómo ve las acciones que está tomando el gobierno para contener la crisis económica que ya se empieza a percibir, y en especial, referente a la situación de vulnerabilidad a que se enfrenta la población que no cuenta con un empleo formal?
Con bastante preocupación particularmente porque la administración de la crisis sanitaria, sin ser especialista, se ha manejado bastante bien sobre la base de la experiencia que están implementando otros países, pero el gran problema es que las fragilidades estructurales a nivel social y económico están presentes y están golpeando permanentemente a la población, estamos hablando a más de la tercera parte de la población en El Salvador. En primer lugar, el gobierno desarrolló una iniciativa de dar un subsidio de 300 dólares a las personas para poder proveer de ingresos y poder adquirir alimentos fundamentalmente en esta etapa de la cuarentena y de contención de la circulación, yo creo que como iniciativa está bastante bien en términos de poder proveer esos recursos a la población, el problema es el cómo se enfoca, cuál fue el criterio de focalización que se usó y ahí, planteo nuevamente la importancia de tener registros estadísticos, hacer uso de la información y de la que ya existía en el país aunque fuera información desactualizada del registro único de participantes de los programas sociales que se han venido implementando a lo largo del país.
Hay capacidades técnicas y hay capacidades instaladas en el país que en este momento podrían contribuir, desde la academia, desde los centros de investigación, inclusive de funcionarios tecnócratas y de otros que trabajaron en antiguas administraciones; pero quizás el estilo del particular manejo de la administración pública limita a la participación y la posibilidad de poder construir consensos, eso yo creo que es un elemento. Otro elemento es que hace falta un diálogo sostenido con los sectores productivos, con los grupos empresariales pero también con los sectores cooperativos, con las asociaciones de productores y trabajadores, para escuchar cuáles son las demandas, cuáles son las estrategias que ellos como sectores ven que se podrían tomar en cuenta para reactivar la economía. Yo creo que ahí sí estamos bastante rezagados, yo creo que ya debería de haberse elaborado una estrategia de reactivación económica, una estrategia gradual de cómo ir retornando a la actividad productiva, no priorizando que ahorita lo más importante es la economía, sino que tomando en cuenta que hay una serie de más del 30% de la población que va a tener problemas económicos y que van a ver pérdida de empleo y pérdida de ingreso y que esto va a atentar más contra la sobrevivencia de la población. Entonces recapitulando y quizás para cerrar, hace falta un plan de reactivación económica pero que reconozca y que entre en diálogo con todos los sectores productivos del país.
Hay otro elemento que quizás diversos análisis no lo han tomado en cuenta y yo tomaría dos planteamientos en consideración: uno es que el país avanzó desde la década de los 80 en un proceso de descentralización y de autonomía municipal, los municipios y el desarrollo económico local es fundamental para apuntalar una estrategia de reactivación económica, los municipios son importantes no sólo para garantizar la restricción de la circulación de la población en estos momentos, sino que, pueden jugar un papel clave en la articulación y la identificación de capacidades productivas que se pueden ir desarrollando para el momento en que venga todo el proceso de atención a la crisis, de las actividades y de las políticas anticrisis que se puedan desarrollar; y otro elemento que creo que el gobierno podría reconsiderar y tomar a bien, es hacer uso de los instrumentos y de las plataformas de política pública y normativa que existen en el marco de la integración centroamericana, en el marco del sistema de integración centroamericano, particularmente por ejemplo en la institucionalidad regional en materia de salud tenemos la negociación conjunta de medicamentos que es una plataforma creada por el Consejo de Ministros de Salud donde los países pueden, a través de un mecanismo de subasta a la inversa que ya existe, se pueden adquirir medicamentos, se puede adquirir insumos médicos por parte de todos los países de la región y eso permite abaratar costos y convertirse a un mecanismo de ahorro presupuestario para los países particularmente en el momento que estamos viviendo. Entonces, ahorita es cuando El Salvador y la región deben pensar más allá de vernos el ombligo como El Salvador, sino también pensar bajo una perspectiva regional. Esos instrumentos lo podemos usar y podemos maximizar el uso de los recursos que van a ser escasos para atender a la crisis.
En el marco del proceso de integración económica centroamericana, podemos hacer procesos de facilitar la importación de alimentos particularmente en el marco de la región, todo depende que así lo apruebe el Consejo de Ministros de Integración Económica y esto no solo para la importación de alimentos dentro de la misma región sino activar el comercio intrarregional para Centroamérica y para El Salvador, ya que Centroamérica es su segundo socio comercial o sea le vendemos productos a la región pero también compramos productos de la región y particularmente las empresas que participan en la integración centroamericana son empresas pequeñas y medianas, entonces no podemos desvincularlos del proceso de integración regional que creo que podría de alguna manera, no resolver, pero atenuar parte de los efectos que tenemos debido a la pandemia de la crisis económica que ya estamos viviendo.
Entre las diversas problemáticas estructurales que ha mencionado, está la poca capacidad de respuesta que tiene el país ante la crisis sanitaria y socioeconómica, esto debido al enfoque neoliberal que han tenido las medidas implementadas por los diversos gobiernos de la posguerra. En ese sentido: ¿Es posible que, a partir de la crisis, se abra un debate sobre la necesidad de abandonar este enfoque neoliberal y por lo tanto, también acerca de la urgencia de una reforma tributaria progresiva, que permita el fortalecimiento de las finanzas públicas y la creación de un sistema de protección social que garantice tanto los ingresos como el acceso a salud de la población?
Quizás poniéndonos en los zapatos de las personas que están en el gobierno, de entrada quizás para atender la emergencia de las políticas de corto plazo, lo que deberían de buscar es tratar de estimular la demanda agregada bajo una perspectiva keynesiana que implicaría desarrollar políticas anticíclicas, es decir, lo peor que podemos hacer ahorita es hacer programas de ajuste fiscal como está planteando por ejemplo el Fondo Monetario Internacional porque es obvio que el déficit fiscal va a crecer, pero en este momento lo que necesitamos es buscar aminorar la curva, pero la curva recesiva en la que vamos a entrar. Entonces eso implica por un lado, facilitar políticas de financiamiento para el sector privado, para los pequeños empresarios, para los micros empresarios pero también el Estado juega un papel de estabilizadores automáticos para reducir el efecto del shock que vamos a tener y eso implica hacer obras de obra pública, infraestructura, generar empleo. Pero algo que es fundamental es la transparencia en el uso de los recursos, o sea mejorar la calidad del gasto, ser transparentes.
Lo otro está en el momento de ganar progresivamente, ir garantizando la universalidad del acceso a los servicios básicos de las poblaciones más vulnerables del país, entonces esto de alguna manera nos va a ir estableciendo unos desafíos de carácter fiscal y presupuestario, tenemos que mejorar la administración tributaria, es decir, mejorar la eficiencia en la recaudación, también pensar en qué tipo de fiscalidad queremos construir, o sea si queremos que otras crisis no nos golpee entonces implica la necesidad de reestructurar la fiscalidad por una fiscalidad del siglo XXI, ya que vamos a cumplir 200 años de existencia como República, si queremos una población calificada eso implica de alguna manera dotar de más recursos al Estado y eso implicaría pensar en una serie de impuestos y de tributos que no se han implementado en el país, particularmente el impuesto predial, el impuesto al patrimonio, combatir la evasión y la elusión fiscal. Definitivamente que se requiere recursos para la necesidad de cambiar la arquitectura institucional de las políticas públicas en el país.
Y otro elemento que nos va a llevar a pensar, es que a nivel productivo el país no tiene una estrategia de crecimiento ni desarrollo que garantice empleo decente, eso hay que pensarlo y hay que pensar los mecanismos de incentivos que se han dado, revisarlos y a la larga es ver si esos mecanismos de incentivos han ido cumpliendo con la meta de generación de empleo porque uno de los problemas fundamentales que El Salvador tiene, es la incapacidad estructural de generar empleo decente para su población y por eso es que tenemos los flujos de emigración internacional que se dan del país a pesar de las restricciones y los peligros que enfrentan los salvadoreños y los centroamericanos en su destino a los países donde buscan estas nuevas alternativas de vida.
¿Podría compartirnos unas reflexiones finales a manera de síntesis de la situación?
El COVID-19 lo que nos ha revelado en el caso salvadoreño, son las fragilidades estructurales particularmente a nivel económico y social de tener un país con poca capacidad de crecimiento, con incapacidad estructural de generar empleo decente para la población salvadoreña. Esto hace que la población salvadoreña deba emigrar hacia los EEUU y hacia otros destinos, también tenemos un país desigual donde prácticamente más de la tercera parte del país vive en condiciones de pobreza multidimensional con carencias de ingresos y con carencia de acceso a servicios básicos, con un sistema de salud fragmentado, con pocos recursos fiscales para atender las necesidades estructurales de la población y las necesidades emergentes. Entonces esto nos pone como reto el desarrollo de políticas públicas universalistas y de implementar por parte del Estado, una estrategia de diálogo social en aras a contribuir al desarrollo económico inclusivo de toda la población desde una perspectiva democrática e incluyentes, no autocrática ni excluyente.
Esta entrevista fue publicada en la página web de la Fundación Friedrich Ebert América Central el 25 de mayo 2020.
